El gobierno de AMLO ya eliminó el principal obstáculo legal que le impedía formalizar la participación de las iglesias en su proyecto social y político.

Por Maru Jiménez Cáliz y Luis Guillermo Hernández 

Aristegui Noticias – Sexta W

Todo está listo para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador utilice la vasta estructura de las iglesias que cubren todos los rincones de la geografía nacional, para impulsar objetivos sociales de la Cuarta Transformación.

El gobierno busca aprovechar la presencia y la penetración de asociaciones, grupos y movimientos religiosos, de todos los credos, en las tareas de reconstrucción del tejido social, roto tras más de una década de violencia y degradación derivados de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que devastó amplias zonas de la geografía nacional.

Sin precedentes históricos desde que en 1857 se concretara la separación constitucional de las iglesias en asuntos sociales de índole no religiosa, el ambicioso proyecto político-social tiene por lo menos tres meses discutiéndose oficialmente en la Secretaría de Gobernación.

En marzo pasado, funcionarios de la hoy denominada Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, que encabeza la abogada Daniela Álvarez Maury, comenzaron una serie de reuniones oficiales, de acercamiento y evaluación, con las jerarquías de las distintas iglesias mexicanas, a las cuales invitaron a participar en Mesas Sectoriales de trabajo, encaminadas a incorporar sus opiniones en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Para coordinar los trabajos con los liderazgos religiosos, el presidente López Obrador designó como responsable de la Dirección General de Asuntos Religiosos al ex sacerdote de Chiapas, Héctor Humberto Miranda Anzá, quien junto con el director adjunto, Jorge Lee, un abogado especializado en derecho eclesiástico, personalmente buscó a los representantes de las iglesias para colaborar en la reconstrucción de la paz en México.

De acuerdo con la versión oficial, hasta el momento han participado representantes de las iglesias Católica, Anglicana, Evangélica, Luz del Mundo y de la Cienciología, además de representantes de las iglesias Luterana, Budista, Musulmana, Sikh y Judía integradas al Consejo Interreligioso de México.

En estas mesas, el gobierno pidió a los líderes eclesiásticos presentar sus propuestas y diagnósticos, bajo un eje rector, que se desprende de una Guía para Invitados a las Mesas Sectoriales, elaborada por la propia subsecretaría y que les fue entregada previamente:

“Dado el nuevo enfoque que pretende tener la Dirección General de Asociaciones Religiosas ¿Qué sugiere para favorecer la participación de las Asociaciones Religiosas, grupos y movimientos religiosos en la reconstrucción del tejido social, garantizando el Estado laico y asegurando una perspectiva incluyente y equitativa?”.

La guía establece que uno de los objetivos del plan es “contribuir a la gobernabilidad, prevención social y reconstrucción del tejido social en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano”.

De acuerdo con fuentes extraoficiales del Palacio Nacional, el proyecto no contempla la participación activa de las iglesias en la vida política mexicana, ni su intromisión en el diseño de políticas públicas, sino sólo “aprovechar su influencia y grado de penetración en todo el territorio”, así como su incidencia en las comunidades.

“No se trata, de ninguna manera de involucrarlas en política, sino de aprovechar su conocimiento de la realidad comunitaria para reconstruir las regiones más afectadas por la delincuencia y la descomposición social”, dijo una fuente de alto nivel de la Presidencia.

Actualmente, la Dirección de Asociaciones Religiosas tiene registradas nueve mil 359 asociaciones religiosas, en su mayoría católicas y evangélicas, que junto con el resto de religiones cuentan con más de 95 millones de seguidores, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI.

Hasta el cierre de este reportaje, ni la secretaria Olga Sánchez Cordero, sus subalternos de la Subsecretaría involucrada, ni funcionarios de la Presidencia de la República, a quienes se buscó en reiteradas ocasiones desde el pasado 15 de mayo para obtener una posición oficial al respecto, habían accedido a responder.

Por lo pronto, el gobierno ya eliminó el principal obstáculo legal que le impedía formalizar la participación de las iglesias en su proyecto social y político: el 31 de mayo pasado, el presidente López Obrador expidió el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que fue publicado en el Diario Oficial.

Uno de los cambios más significativos de esa ordenanza es el relativo a las nuevas atribuciones de la hoy denominada Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

En su inciso XIX, el Artículo 83 del reglamento, relacionado con las funciones y atribuciones de la Dirección General de Asuntos Religiosos, dependiente de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social, es un verdadero vuelco histórico en lo referente a la participación eclesiástica en la vida pública nacional:

“XIX. Proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas, para que participen en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz que coadyuven a la consecución de las atribuciones materia de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos”.

Ningún gobierno anterior, de acuerdo con los registros disponibles, había llevado la colaboración con las iglesias al punto de formalización que pretende la actual administración.

Vientos de cambio

La idea de utilizar las redes eclesiásticas en la reconstitución de los tejidos sociales rotos, a lo largo y ancho del país, surgió en los recorridos que el propio presidente López Obrador llevó a cabo durante los últimos cinco años, según explican dos fuentes de alto nivel del gobierno federal.

Los acercamientos más consolidados con las cúpulas episcopales católicas, la fe que cuenta con el mayor número de creyentes en el país, comenzaron desde los primeros días de trabajo del gobierno de transición, cuando representantes de las iglesias fueron invitados a participar en los foros nacionales convocados por el gobierno electo.

El primer acercamiento formal para elaborar el proyecto de colaboración de las iglesias en acciones de paz y recomposición del tejido social tuvo lugar los días 12 y 13 de marzo pasados, cuando se realizó el primer encuentro de mesas sectoriales, en la sede de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, en el 102 de la calle Londres, en la colonia Juárez de la ciudad de México.

En la primera reunión, de acuerdo con asistentes entrevistados, se trataron los dos temas medulares del proyecto: las asociaciones religiosas y la reconstrucción del tejido social y las asociaciones religiosas en los procesos de pacificación.

Para confirmar su asistencia a la mesa de trabajo, cada iglesia debía turnar a Gobernación, por adelantado, las respuestas precisas a seis preguntas diagnósticas sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, que cada organización respondería “desde su perspectiva y experiencia (personal, laboral y/o académica)”:

1.- De los elementos planteados en el diagnóstico ¿cuáles consideras más adecuados y por qué?
2. ¿Qué considera imprescindible para impulsar una gobernanza democrática fundamentada en la participación, la vinculación social y la creación ciudadana?
3. Partiendo de que uno de los Objetivos Específicos es “contribuir a la gobernabilidad, la previsión social y la reconstrucción del tejido social en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano”, ¿qué sugeriría para lograrlo?
4. ¿Las líneas de acción corresponden a las estrategias y a los objetivos planteados? ¿Por qué?
5. En la perspectiva de generar indicadores ¿Qué componentes deberíamos tomar en cuenta?

En esas sesiones, el arzobispo Carlos Garfias, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y representante del máximo órgano de decisiones de la jerarquía católica en temas de pacificación, detalló la labor que realiza esa iglesia en las tareas de reconstrucción de la paz.

También lanzó un mensaje de extrañeza sobre el objetivo de las conferencias mañaneras del presidente, que más que aportar a la gobernanza “pareciera que generan incertidumbre y conflicto”.

El anglicano Arturo Carrasco dijo que no se puede construir paz, si ésta no se funda en la justicia y se sustenta en la verdad: “se requiere verdad y justicia para perdonar y alcanzar la reconciliación”.

Las mesas de trabajo, que fueron programadas con grupos distintos de líderes religiosos en sesiones de sesenta minutos, entre las 18:00 y las 19:00 horas de ambos días, se realizaron en un clima de cordialidad y apertura, aún cuando prevalecía cierto ambiente de suspicacia, según refirió el sacerdote anglicano Arturo Carrasco, ante el temor de las iglesias a ser utilizadas políticamente.

Pese a esa primera reacción, dijo el jerarca anglicano, “tenemos el mejor escenario posible, porque de haber ganado cualquiera de los otros partidos que habían administrado el país, habría un escenario más complicado y difícil. Y buscar consolidar la paz nos obliga a dialogar con la autoridad, acercarnos sin perder de vista el horizonte de una paz que se construya a base de la justicia”.

Por parte del gobierno, las mesas de trabajo estuvieron coordinadas por Miranda Anzá y Jorge Lee, quienes además realizan trabajo de contacto con los principales liderazgos de las asociaciones religiosas, Consejos Interreligiosos y Ecuménicos, así como con representantes estatales encargados de la relación gobierno-iglesias.

En un encuentro privado, realizado después de su nombramiento el 18 de diciembre pasado, Miranda Anzá dijo a integrantes de las iglesias Judía, Anglicana, La Luz del Mundo, Cienciología, así como a representantes de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y el Observatorio Eclesial, Iglesias por la Paz, que él trataría de ser “una caja de resonancia de sus inquietudes”.

Nuevo marco legal

La Secretaría de Gobernación elaboró un diagnóstico sobre la realidad social en México, que entregó a los representantes religiosos.

En ese documento se establece que para impulsar una gobernanza democrática fundamentada en el desarrollo democrático, la participación, la vinculación social y la creación de ciudadanía, una estrategia es “promover y coordinar la participación de las Asociaciones Religiosas, grupos y movimientos religiosos en la reconstrucción del tejido social, garantizando el Estado laico y asegurando una perspectiva incluyente y equitativa”.

Para ello, el gobierno de López Obrador se propone “innovar mecanismos de participación social a partir de la transformación del lenguaje cotidiano, rescate de valores éticos y morales e instalación de capacidades ciudadanas que promuevan ciudadanía en general”.

El documento, elaborado por la oficina de la subsecretaria Álvarez Maury plantea que las iglesias participen en un diálogo y concertación que promueva la pluralidad de ideas y postura religiosas.

El conjunto de modificaciones al reglamento de la Secretaría de Gobernación, donde se establecen los nuevos alcances de la Dirección de Asuntos Religiosos, encamina los pasos de la dependencia hacia ese fin.

Además de las funciones que el antiguo reglamento de Gobernación establecía para la dependencia, en materia de conciliación y vínculo con las asociaciones religiosas, se le añaden algunas nuevas actividades: realizar, participar y auspiciar cursos, seminarios, simposios, foros, diplomados, actos culturales, programas, proyectos y acciones que coadyuven a la difusión de la normativa en materia de culto público, fomento de la tolerancia religiosa y “la reconstrucción del tejido social”.

La oficina también podrá generar modelos, programas, estrategias colaborativas, protocolos, acciones y acuerdos que propicien una colaboración entre asociaciones y agrupaciones religiosas, que contribuyan a alcanzar una cultura de paz.

De acuerdo con los líderes religiosos, los gobiernos anteriores habían tenido acercamientos con las iglesias, sin llegar al nivel de colaboración que plantea la administración de López Obrador.

En el sexenio de Vicente Fox, las relaciones entre gobierno e iglesias fueron intensas, pero no fueron invitados a participar con propuestas para delinear el Plan Nacional de Desarrollo.

En el sexenio siguiente, tuvo el mismo matiz, aunque se evidenció la influencia de grupos evangélicos cercanos a la ex diputada Rosi Orozco, de la iglesia Casa sobre las Rocas.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las relaciones con las iglesias disminuyeron.

Aún así, el trabajo religioso en asuntos de obra social se incrementó en ese periodo, debido a la descomposición social.

Tan sólo la Conferencia del Episcopado tiene registradas más de 2 mil 460 obras sociales, entre Centros de Cáritas, el brazo social de la iglesia católica, albergues para enfermos, migrantes y ancianos, centros de derechos humanos y atención en cárceles, que funcionan en 70 diócesis de todo el país.

El pasado 24 de abril, el arzobispo Garfias presentó en la Cámara de Diputados el Proyecto Integral para la Construcción de Paz, en el que se establecen estrategias para el acompañamiento en situaciones de violencia e intervención en la reconstrucción del tejido social, que abarca trabajo en 19 entidades del país.

La congregación de Jesuitas tiene también un largo camino en trabajos de reconstrucción del tejido social, como es el caso de Jesuitas por la Paz, que realiza en el Centro de Investigación y Acción Social, CIESAS, donde se llevan a cabo acciones de reconciliación familiar, educación para la convivencia, economía social y participación comunitaria en ocho municipios de cuatro entidades.

La iglesia Anglicana, con menos presencia y fieles en México, se ha aliado a proyectos como Iglesias por la Paz, que trabaja con víctimas de la violencia y propone medidas para construir justicia.

El temor latente en esta colaboración, sobre la cual se negocia aún, es el mismo que ha permeado las relaciones entre iglesia y Estado en anteriores ocasiones: sus alcances.

“Los límites de esta colaboración deben estar bien cuidados, porque hay iglesias evangélicas y algunos grupos de la católica que ya empiezan a solicitar injerencia en las políticas públicas, como introducir aspectos de fe en el material educativo, sobre todo en la ética sexual”, dijo una fuente.

El primer encuentro de los obispos católicos con el presidente López Obrador se realizó el pasado lunes 17 de junio en Palacio Nacional.

Ahí, la jerarquía católica se comprometió a colaborar en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y en paz. Los líderes católicos ofrecieron su estructura para apuntalar la Cuarta Transformación en materia de pacificación, reconstrucción del tejido social y atención a migrantes.

La siguiente reunión entre los funcionarios de Gobernación y los líderes religiosos está programada para el próximo 27 de junio.

En tanto se definen los pormenores, el gobierno de López Obrador ya abrió los márgenes y modificó los reglamentos, para proponer un vuelco histórico que ningún otro gobierno se había atrevido a plantear.

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