Por Paulo Sarabia 

La versión de los hechos del accidente vial que involucró al Secretario de Seguridad en Oaxaca (SSPO), Raúl Ernesto Salcedo Rosales, y un conductor ciudadano el pasado fin semana, que habría contado un proceso justo conforme a los protocolos del reglamento de tránsito local-según el propio funcionario-fue desmentido por el participante del percance. 

A decir del oaxaqueño, la situación fue totalmente distinta y experimentó en carne propia una amarga experiencia junto a su familia. 

En voz de su abogado, Juan José Meixueiro Orozco, el hombre expuso en una primera instancia, que el titular de seguridad en Oaxaca, abusó del poder que ostenta, lo extorsionó y violentó los derechos humanos. 

Paso a paso, el agraviado narró el calvario que padeció el pasado fin de semana, cuando se dirigía con su pareja de dos meses de embarazo y su hijo de seis años hacia un restaurante para convivir.

En cuestión de minutos, aseguró que fue tratado como delincuente por el titular de seguridad, Raúl Ernesto Salcedo y sus escoltas armados vestidos de civiles.

Previamente, el funcionario conducía una motocicleta de la marca Harley Davidson, vestido de negro y había ocasionado un golpe contra su automóvil. 

Al tratar de huir por la incertidumbre, fue alcanzado por un séquito de escoltas, y elementos policíacos, que lo agredieron psicológicamente, lo encarcelaron y le arrebataron 14 mil 500 pesos. 

Por estos hechos, el represente legal del quejoso, mencionó que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para deslindar responsabilidades. 

“No se vale que funcionarios violen derechos humanos y extorsionen, haciendo uso de su poder. La SSPO se convirtió en autoridad de vialidad, al mismo tiempo en una autoridad de Ministerio Público, perito de tránsito terrestre, perito evaluado y juez al condenar al participante a una celda”, aseveró. 

De igual manera, el abogado manifestó que presentarán el caso ante la Fiscalía Anticorrupción para que se decreten sanciones, al igual que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para atender daños psicológicos y medidas cautelares.

“Del mismo modo vamos ir a la Contraloría para que se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad contra funcionarios y contra daños morales”, finalizó.